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Pronosticos y perspectivas sobre el nuevo esquema cambiario Venezuela

El nuevo paquete cambiario

Ante dichas circunstancias, la respuesta del gobierno ha tenido un contenido penal dominante, subestimando el alcance de su propia responsabilidad.

Se atribuye el alza de los precios, en el mercado de bienes, a la especulación del sector privado y se adoptan medidas punitivas que incluyen el cierre y encarcelamiento de comerciantes (carniceros) y la expropiación de establecimientos privados (Cadena Éxito, Monaca).

La desaparición del funcionamiento de los mercados, por el creciente intervencionismo y dirigismo estatal, junto a las presiones nominales originadas por la política económica, han determinado que sea en el mercado de permuta, el único que funcionaba sin control directo del gobierno, en el cual se vea reflejado todo el desequilibrio macroeconómico, nominal y real, que experimenta la economía venezolana. Como dicho mercado de permuta venía funcionando en forma relativamente libre, sin la explícita regulación del gobierno, se sostiene la equivocada creencia según la cual sus cotizaciones obedecen exclusivamente a juegos capitalistas especulativos de la casas de bolsa (la “bicicleta financiera”) y no debido a la existencia de desequilibrios económicos subyacentes que han creado las condiciones para un deslizamiento sostenido de la paridad cambiaria.

A partir de dicho supuesto, se termina elaborando una expedita reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.975, 17 de mayo, 2010), que tiene como exposición de motivos la indecorosa afirmación según la cual “le vamos a dar en la madre a los especuladores”. A partir de dicha reforma tienen lugar varios desarrollos:

El insólito “cierre” del mercado libre de permutas, que venía funcionando con una cotización flexible que permitía atender la demanda de divisas no cubierta por CADIVI, y aun reconociendo la poca transparencia respecto al volumen negociado y al proceso de fijación del precio.

La designación del BCV como el ente exclusivo para el manejo del mercado de divisas y títulos en moneda extranjera, al tiempo que se establecen multas y prisión para quienes realicen operaciones con divisas por encima de US $ 10.000.

La exclusión de todas las casas de bolsa, por lo cual el nuevo sistema habrá de descansar en la banca comercial y universal, lo que obliga a una pausa para la adecuación de los sistemas.

Las implicaciones no dejan de ser preocupantes.

En primer lugar, se crea una nueva oficina de control gubernamental del mercado de divisas, una especie de Cadivi paralelo, administrado en forma exclusiva por el BCV, para el control de las operaciones cambiarias que tienen como puente la permuta de títulos públicos en moneda extranjera.

Al igual que en Cadivi, implica la creación de un nuevo registro administrativo para la autorización de las operaciones de permuta, de lo cual se infiere que habrán operaciones que no serán autorizadas y otras que no acudirán a dicho registro. Las personas naturales y jurídicas se verán obligadas a justificar el origen de los fondos (si son oferentes) y la aplicación de las divisas (si son demandantes). Esto último será más claro para la demanda de divisas en operaciones vinculadas a la cuenta corriente, principalmente importaciones, pero será más difícil para las transacciones relativas a la cuenta de capital.

El Presidente del BCV se ha limitado a señalar que dicho mercado se regirá con títulos de acuerdo a valoración del mercado internacional, dentro de un “modelo de bandas”. De allí se infiere que las operaciones de permuta deberán realizarse a un tipo de cambio implícito que no se salga de la banda que sea fijada, razón por la cual se obliga al BCV a su intervención permanente, con vistas a darle viabilidad al límite superior de la banda, dado el exceso de demanda de divisas que posiblemente llegue a prevalecer en dicho mercado.

En segundo término, y como cabe suponer, la introducción del mercado de permutas, controlado burocráticamente por el BCV, le impone una mayor lentitud a la compra de divisas, con directa incidencia sobre la actividad productiva y las operaciones de los particulares (viajes de negocios y de turismo, remesas familiares, movimiento de cuentas en moneda extranjera).

Puesto que el nuevo mercado controlado de permutas no satisfaría toda la demanda de divisas, se crearía un tercer mercado (con un cuarto tipo de cambio), informal, negro, libre de toda regulación estatal, ilegal y por tanto susceptible de severa penalización, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ilícitos Cambiarios[3]. Dicho mercado negro puede verse estimulado ante la negativa del BCV a validar determinadas operaciones de permuta, o porque los operadores no desean registrar sus operaciones ante la administración del banco central, ya que implica la entrega de información confidencial sobre cuentas bancarias, en moneda nacional y en moneda extranjera, adquisición de bienes en el extranjero, cuyo contenido puede ser cruzado con otros sistemas, como el fiscal, dentro de un régimen intervencionista.

Debe recordarse que el mercado libre de permutas se venía sosteniendo con una oferta originada parcialmente en fuentes transgresoras del convenio cambiario: sobrefacturación de importaciones en el mercado oficial, subfacturación de exportaciones no petroleras, incluido el contrabando de extracción y venta de divisas propiedad de PDSA y Fonden. Si bien hay fuentes privadas que pueden considerarse legítimas, tales como remesas familiares, necesidades de capital de trabajo de empresas extranjeras domiciliadas en Venezuela, incluido el pago de impuestos, también se identifican flujos asociados al lavado de dinero proveniente de la narcoeconomía. Igualmente cabría agregar la presencia de inversionistas globales e individuales que son demandantes de papeles públicos emitidos en Venezuela.

Obviamente, la reforma y su instrumentación operativa conducen a una restricción de la oferta de divisas, lo cual presionará a favor de un mayor aporte del BCV. En caso de que el BCV no disponga de divisas suficientes para garantizar la defensa del techo de la banda y se rehúse a una nueva depreciación, ocurrirá un impulso del mercado negro.

Tras la reforma bajo comento se tendrían entonces tres mercados y cuatro tipos de cambio, con diferentes grados de sobrevaluación y subvaluación de la moneda nacional.
Una estructura cambiaria con la complejidad esbozada promete nuevas distorsiones y no asegura que las cosas vayan a mejorar. Cabe mencionar algunas posibles.

La existencia de grandes diferenciales entre los cuatro tipos de cambio, se prestaría para mantener la vigencia de los “arbitrajes” entre los mercados, tal como hoy existe, con su secuela de negociados y enriquecimiento indebido. Esto sería bien visto por los burócratas a cargo de los nuevos controles.

El cálculo económico acentuaría su actual complejidad, dada la mayor diversidad de tipos de cambio y el impacto de las eventuales operaciones consideradas al margen de la Ley.

El impacto inflacionario no quedaría tampoco superado, dado el desequilibrio monetario y la insuficiencia de divisas[4] que se tendría para atender el mercado oficial, tanto el que está en manos de CADIVI- BCV, como del nuevo mercado controlado de permutas. La disposición de establecer una banda cambiaria, en éste último mercado, obligaría a la intervención permanente del BCV, dado que tendría la obligación de defender el punto superior de la banda cambiaria, mediante la venta de divisas a dicho precio y/o la colocación de bonos cambiarios que le permitiesen espaciar la entrega de divisas en dicho mercado a plazos de 90 o más días.

Aunque la intervención directa del BCV, en un mercado con tipo de cambio flexible, abre la posibilidad para la creación de un espacio en el cual pudiera darse cierto arbitraje legítimo[5] en el mercado monetario, entre tipos de interés domésticos y del exterior, todo dependerá de la disposición política que se tenga para hacerlo, en el sentido de propiciar el ajuste del tipo de interés doméstico siguiendo la regla que toma en cuenta el tipo de interés internacional, la depreciación esperada del tipo de cambio en el mercado controlado de permuta[6] y el riesgo país que desee validarse. De esa forma, podría aliviarse la demanda de divisas que se encuentra motivada por la pérdida de capital, atribuible a la tenencia de activos financieros domésticos en moneda nacional, y la búsqueda de sustitución por otra moneda. Se trata de una estrategia alterna con el uso del mercado de moneda nacional, complementaria a la movilización de divisas del BCV.

Si esto último no es posible, sea porque se renuncia al ajuste de los tipos de interés domésticos, dado su costo en menor actividad económica e insostenibilidad política, o porque no se disponga de divisas suficientes para sustentar el equilibrio del mercado controlado de permuta, o más aun por la reticencia que habría para mover la banda cambiaria, encareciendo la divisa, solo le quedaría al BCV la opción de combatir la “especulación” mediante la simple prohibición de las operaciones, es decir, haciendo más pesado los controles y “equilibrando” la oferta a la demanda, en forma discrecional. Bajo dicho supuesto, se le daría más vigor al mercado informal o negro.

¿Corrección de fondo?

Dadas las motivaciones expuestas por el Ministro de Finanzas y Planificación, en el actual contexto socio-político resulta poco probable que sean adoptadas medidas de fondo que permitan la superación de la difícil situación. No hay lugar para llamarse a engaños. El camino escogido por el gobierno no es otro que el de la eliminación del único mercado libre existente en la economía venezolana y sustitución por una estructura estatal dotada de mayores controles y acompañado de una severa penalización destinada a la intimidación de los agentes económicos.

No obstante, dentro de un ejercicio hipotético siempre se hace posible la puntualización de algunas posibles medidas, que serían necesarias, y sin las cuales no podrá superarse la actual trampa cambiaria. La secuencia temporal de dichas medidas y las dosis de cada medicina escapan a este escrito.

El desequilibrio monetario amerita ser corregido con medidas de fondo que restrinjan la cantidad de dinero en manos del público y que tonifiquen la demanda de dinero nacional. Dicho propósito exige una menor monetización proveniente de la actividad fiscal, tal vez en la forma de un ajuste del gasto fiscal y una prohibición a la continuación de la irresponsable inercia de gasto público que envuelve al sistema económico. El manejo fiscal no puede quedar librado a la discrecionalidad del Ejecutivo, para satisfacer metas políticas no financiables mediante impuestos, utilizando el presupuesto fiscal insincero y los presupuestos cuasifiscales paralelos. Debe establecerse una clara separación de las finanzas de PDVSA, y las de gobierno central, y todos los gastos de las Misiones pagados por dicha empresa deben pasar a formar parte de partidas presupuestarias canalizadas a través de la estructura ministerial prevista en la Ley de Presupuesto.

El Banco Central no debe continuar financiando el gasto fiscal mediante la entrega patrimonial al FONDEN, ni debe servir para el financiamiento directo de programas del gobierno o el déficit de PDVSA, tal como lo estipula reforma de la Ley del BCV y comienza a ocurrir. La política monetaria tiene que endurecerse si es que se quiere torcer la actual tendencia a la sustitución de la moneda nacional por divisas. Ello significa que el tipo de interés, relacionado con el ahorro financiero, debe alcanzar un nivel suficiente para impedir la propensión al cambio de moneda. El sistema financiero funciona actualmente con tipos de interés irrealistas que deben ser corregidos, si es que se aspira a evitar la caída de la demanda de dinero y reducir el alza de la demanda de divisas.

El coste del alza del tipo de interés debe ser cubierto, o por el estado o por los agentes económicos que toman créditos. Con tipo de interés reales activos, que sean negativos, solo se alimenta la mayor demanda en el mercado de permuta (controlado o libre) y/o el del negro, bajo alguna forma de desintermediación financiera.

El sacrificio de manejarse con un tipo de interés alto puede ser temporal, si es que se adopta una política consistente de reducción de la tasa de inflación. Si la inflación no se corrige, o los tipos de interés se mantienen en niveles altos, o hay desintermediación financiera, las presiones de demanda en el mercado permuta (controlado o libre) seguirán siendo insostenibles.

Además de las medidas destinadas a la corrección del desequilibrio monetario, el re-equilibrio del mercado cambiario exige la modificación del actual precio en el mercado oficial. Se requiere una nueva devaluación, en dicho mercado, y la eliminación de la estructura dual con la unificación del tipo de cambio. La eliminación de la apreciación del tipo de cambio real disminuiría la presión de demanda y haría posible la recuperación de la oferta de divisas distinta a la del petróleo. De esa forma, se acortaría la distancia con el tipo de cambio del mercado de permuta, cuya desviación con el oficial podría disminuir.

El problema que presenta Venezuela no es exclusivamente del dominio de la macroeconomía y sería erróneo suponer que con medidas exclusivas en dicho ámbito podrían resolverse los actuales desequilibrios. Una perturbación mayor viene causada por la tentativa de liquidación del sector privado que se ha impuesto el gobierno mediante la extinción de la propiedad privada, antes de una manera lenta y circunscrita al ámbito rural y, ahora, más expeditiva, discrecional y ya sin ningún límite sectorial o geográfico. La mejora del mercado exige, por tanto, la suspensión inequívoca de las expropiaciones y la restitución de los derechos patrimoniales lesionados por las vías de hecho ejecutadas desde 2008.

La estrategia petrolera no debe depender, como ahora, del golpe de suerte en el mercado internacional y la esperanza de que se suceda un alza mayor del precio y la renta petrolera

El ámbito petrolero exige también medidas de fondo. PDVSA amerita, en forma simultánea, un ajuste a los gastos e inversiones y el traslado de todos los programas de gasto gubernamental al ámbito de las finanzas públicas. El ajuste financiero de la empresa estatal evitaría su eventual colapso. El aumento de activos improductivos (factura petrolera, inversiones en el exterior) debe ser suspendido y los acuerdos de cooperación energética deben ser revisados para disminuir las ventas por dicho canal. El ahorro generado debe ser aplicado a la cancelación de la deuda impagada y al fortalecimiento de la inversión, de modo que se fortalezca el potencial productivo en el menor tiempo posible. El mercado interno de derivados debe experimentar un cambio de fondo que permita la racionalización del consumo interno, lo cual exige una estrategia para la modificación del precio empezando por el de la gasolina.

Un fortalecimiento de la situación petrolera permitiría darle fuerza a la estrategia de recuperación del valor de la moneda nacional y el aflojamiento de las tensiones del mercado cambiario. Solo así sería posible superar la trampa cambiaria.

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